Eduardo Escamilla Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y Todd Lyons, director actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, respondieron en oposición a una demanda presentada por cinco estudiantes internacionales de UTRGV que impugnan la cancelación de sus registros en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés).
Mykel Del Angel/THE RIDER
Los demandantes, Hugo Adrián Villar Castellanos, Shishir Timilsena, Amir Gholami, Julio Dylan Sánchez Wong y Mayra Alejandra Varela Vargas, buscan recursos legales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, la Quinta Enmienda y la Ley de Sentencia Declaratoria.
La demanda, presentada en el Distrito Sur de Texas el 15 de abril, alega que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) canceló de manera abrupta e ilegal los registros SEVIS de los estudiantes.
SEVIS es una base de datos gubernamental que rastrea el cumplimiento de los estudiantes internacionales con su estatus de visa F-1.
Los estudiantes argumentan que ICE carece de la autoridad para cancelar su estatus F-1, incluso si se les revocan las visas. Los demandantes dicen que la cancelación de un registro SEVIS efectivamente pone fin al estatus F-1 de un estudiante.
La respuesta del demandado incluyó una declaración hecha por ICE el 25 de abril.
Declaró que ICE está desarrollando una política para las terminaciones de registros SEVIS y que, hasta que la política entre en vigor, los registros SEVIS de los demandantes en casos relacionados permanecerán activos o se reactivarán.
“A través del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), un sistema federal basado en la web para mantener información sobre estudiantes no inmigrantes y visitantes de intercambio, UTRGV se enteró de que los nueve estudiantes cuyos registros habían sido cancelados fueron activados a partir del martes 29 de abril de 2025”, mandó Patrick Gonzales, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de la Universidad, en un declaración de UTRGV en un correo electrónico a The Rider el martes.
Sin embargo, ICE conserva la autoridad para cancelar registros por otras razones, como que un estudiante no mantenga su estatus de no inmigrante o participe en actividades ilegales, según la respuesta presentada por los acusados.
Durante la audiencia del 28 de abril, la abogada de los estudiantes, Marlene A. Dougherty, confirmó que los registros SEVIS habían sido reactivados.
La denuncia presentada por los demandantes dice que se está utilizando una política del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar registros SEVIS basada en arrestos o infracciones menores para obligar a los estudiantes a irse del país.
Los demandantes declaran que se violaron sus derechos al debido proceso legal de la Quinta Enmienda porque no recibieron notificación ni oportunidad de responder a la terminación de sus registros SEVIS.
En el documento judicial presentado el 28 de abril, los demandados argumentan que los estudiantes no han demostrado posibilidades de éxito en su caso y declararon que los demandantes “no tienen derecho al debido proceso legal de su elección”.
Además, los acusados declararon que los únicos hechos que demuestran que se canceló el estatus de no inmigrante de los estudiantes son declaraciones sin fundamento de UTRGV, no de ICE.
“Por lo tanto, los demandantes no pueden demostrar una probabilidad de éxito sobre el fondo de sus reclamaciones”, declararon los acusados en su respuesta.
Además, los demandados argumentan en la respuesta que modificar el estatus de los demandantes en la base de datos SEVIS, un deber administrativo realizado como cuestión preliminar y de acuerdo con las regulaciones federales, “no genera en sí mismo protecciones del debido proceso legal”.
Los acusados también declaran que hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense es “prerrogativa soberana del Poder Ejecutivo”. Y que el Congreso autorizó al DHS, a través del ICE y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), a recopilar información de instituciones educativas aprobadas sobre estudiantes extranjeros no inmigrantes con estatus F-1.
Los acusados argumentan que la modificación por parte de SEVP de los registros de la base de datos SEVIS de los estudiantes de “activos” a “terminados” no eliminó los registros ni canceló el estatus de no inmigrante F-1 de los estudiantes.
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. llevó a cabo una segunda audiencia el 2 de mayo.
–Traducido por Daniel Aguilar
Jose Rodriguez 
Ali Halloum 
