El 18 de diciembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó SB 4 del senador estatal Charles Perry (R-Lubbock), lo que dio lugar a una queja del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 3 de enero, Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas, Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y su director, Steven C. McCraw, quejándose de que SB 4 “crea supuestos delitos de inmigración estatales por entrada ilegal y reingreso ilegal, permite a los jueces y magistrados estatales ordenar la expulsión de no ciudadanos del país, y exige que los funcionarios estatales ejecuten esas órdenes de expulsión”.
El 29 de febrero, el juez federal de distrito David Alan Ezra bloqueó temporalmente la ley de Texas. Originalmente, el proyecto de ley debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Texas apeló inmediatamente ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos tras el fallo de Ezra.
El 19 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al proyecto de ley, permitiendo que SB 4 entrará en vigor inmediatamente en el estado durante varias horas. Pero ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó el proyecto de ley y programó una audiencia de último minuto.
“Hubo un vaivén entre varios sistemas legales”, dijo a The Rider Álvaro Corral, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de UTRGV, durante una llamada telefónica el 5 de marzo. “La [Corte Suprema], por supuesto, no permitió que la ley entrará en vigor sino que permitió que el tribunal inferior de apelaciones volviera a escuchar el caso porque, por supuesto, dijeron que habían cometido un error de procedimiento. Así que simplemente les hicieron volver a escuchar el caso”.
Durante la audiencia, el panel de jueces no emitió una decisión y la ley estatal permanece en suspenso.
SB 4 impide que la policía arreste a inmigrantes en escuelas públicas o privadas, iglesias e instalaciones de atención médica. Sin embargo, no restringe los arrestos en campus universitarios.
Si SB 4 entra en vigor, las personas podrían ser acusadas de un delito menor de clase B, que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel si un oficial cree que una persona cruzó ilegalmente la frontera entre Texas y México.
Si alguien volviera a cruzar desde México sin autorización, ese delito menor ahora sería un delito grave de segundo grado de hasta 20 años de prisión tras ser declarado culpable. Un juez podría retirar los cargos si la persona acepta regresar a México.
–Fatima Gamez Lopez
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